COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA DE LAS CORTES VALENCIANAS POR LA ACTUAL CRISIS DE PRECIOS
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. Valencia, 26 de septiembre de 2006
Buenos días, en primer lugar agradecer una vez mas la invitación de las Cortes Valencianas para comparecer ante la Comisión de Agricultura y así poder expresar nuestra preocupación e ideas respecto a la crisis de precios agrarios que atravesamos actualmente.
Son varios años en los que la mayoría de productos agrarios y ganaderos de la Comunidad Valenciana tienen problemas de precios. A bote pronto solo han funcionado medianamente bien algunos cultivos como kaki y chufa y puede que alguno más, situándose el resto en unos umbrales de rentabilidad que en el mejor de los casos no permiten poder vivir de esta actividad y en el peor de los casos ni siquiera se cubren costes de producción, provocando ya casos de abandono de campos de cultivo.
Por otra parte la crisis de precios de los productores también se ha trasladado en forma de reducción de ventas a las empresas suministradoras de inputs para el Sector Agrario, afectando a fitosanitarios, fertilizantes, maquinaria, riego localizado, plásticos, etc., que confirmaron en rueda de prensa celebrada a finales de junio en la sede de la Asociación Valenciana de Agricultores-AVA-ASAJA un descenso de sus ventas en más de un 20 %.
La complejidad del problema es enorme porque afecta a las tres Administraciones europea, española y valenciana, cada una con su ámbito de competencias y por otra parte también involucra a todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, aunque el único y principal perjudicado es el productor, agricultor o ganadero.
Es cierto que puntualmente y en distintos sectores se han dado algunas iniciativas privadas que han resultado exitosas pero insisto que es algo muy puntual y que de ninguna manera representa el caso general, donde impera la desilusión.
También resumiendo podemos decir que a esta crisis hemos llegado entre otras cosas por un maltrato generalizado de la Unión Europea respecto de la agricultura y especialmente la mediterránea. Los sucesivos gobiernos de España no han podido conseguir un cambio de orientación de la PAC, y hasta cierto punto más bien han sido seguidistas de la Política Agraria impuesta desde Bruselas, entre otras cosas porque la mayor parte de la agricultura española también es continental y España ha sido y es uno de los países más beneficiados después de Francia con los presupuestos de la PAC.
La Administración valenciana, titular de la mayoría de competencias que afectan a la agricultura y ganadería valencianas, y que por tanto es la Administración más directamente relacionada con nuestro sector, ha tenido que desarrollar su política agraria (acertada o desacertada) en el marco impuesto por la U.E. y por el Gobierno español.
La superación de la crisis repito complejísima pasa por que las distintas Administraciones tomen una serie de medidas de manera firme, coordinada y sincronizada.
Como es evidente esta crisis esta caracterizada por la percepción de precios muy bajos para los productores y no se puede abordar su solución con parcheos sectoriales y temporales. La solución pasa por la adopción de medidas políticas, fiscales, jurídicas y legislativas que garanticen los derechos del Sector Agrario Valenciano, su desarrollo y protección, ASÍ COMO DE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS, tal como se enuncia en el artículo 18 del nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que debe ser desarrollado con dichas medidas.
Las Organizaciones Agrarias representamos a un colectivo muy numeroso, atomizado y por tanto muy difícil de coordinar. Reconozcámoslo, no es razonable esperar que todo el colectivo de productores agrarios y ganaderos sigan disciplinadamente las consignas o mensajes que desde las Organizaciones podamos lanzar.
Tampoco es razonable, y la experiencia nos lo ha demostrado reiteradamente, que aquellos eslabones de la cadena agroalimentaria que no se ven afectados negativamente por esta crisis (e incluso beneficiados) vayan a cambiar su actitud para tratar de favorecer a los productores agrarios y ganaderos.
Por otra parte los consumidores están pagando precios elevados por los productos agroalimentarios, permitiendo que salvo los productores, el resto de eslabones de la cadena agroalimentaria consiga un beneficio al menos razonable.
También es importante que no perdamos de vista que partes interesadas achacan la crisis a problemas de superproducción, de minifundismo, etc…
LO CIERTO ES QUE NO HAY TRANSPARENCIA EN LA FORMACIÓN DE PRECIOS, Y TAMPOCO EXISTE NINGUNA GARANTÍA QUE PROTEJA AL PRODUCTOR DE LOS ABUSOS DE OTROS ELEMENTOS DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN.
Hemos sido testigos en el Parlamento Europeo al denunciar la venta a perdidas de clementinas valencianas de que Europarlamentarios de diferentes países nos han apoyado porque conocían casos similares ocurridos con productos de sus países.
Nos consta que el Comité Económico y Social Español aprobó el 30 de marzo de 2005 un informe que proponía investigar las prácticas comerciales en la cadena agroalimentaria.
Conocemos distintas iniciativas a nivel autonómico en otras comunidades de España de grupos políticos minoritarios que entre otras cosas han demandado que el Ministerio de Agricultura regule los precios de los productos agrícolas o en otros casos incluso han denunciado ante la Fiscalía el desfase del precio de los productos desde el origen a la venta final.
En ese sentido puedo informarles que durante la semana pasada mientras el productor valenciano de pollo vendía a 0’9 €./unidad el pollo entero, el consumidor pagaba 4’52 €/unidad. (400 %), la miel de azahar de 1’9 €/Kg. pasaba a 8 €/Kg.. (320 %), el cordero de 1’75 €/Kg. a 9 €/Kg. (415 %), el porcino de 1’24 €/Kg. a 7’80 €/Kg. (530 %), la satsuma clausellina de 0’28 €/kg. a 1’15 €/Kg. (310 %), el limón de 0’06 €/Kg. a 0’88 €/Kg. (1300 %), la uva de mesa Alfonso Lavalle de 0’24 €/Kg. a 1’65 €/Kg. (575 %), la uva Moscatel Romano de 0’30 €/Kg. a 2’60 €/Kg. (765 %), la sandía de 0’06 €/Kg. a 0’64 €/Kg. (965 %), el pimiento italiano de 0’40 €/Kg. a 2’15 €/Kg. (430 %), la col repollo de 0’12 €/Kg. a 1’49 €/kg. (1150 %), el pepino de 0’25 a 1’19 €/Kg. (380 %) y el vino tinto y vino blanco de 0’2 €/litro a 1’15 y 1’17 €/litro respectivamente (475 y 500 %), etc…
En definitiva se constata una semana más un desfase generalizado entre los precios que pagan los consumidores y los que perciben los productores.
A este respecto nos sorprendió que mientras el Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación expresaba el 30 de marzo de este año su preocupación afirmando que algo pasaba con la formación de los precios y recalcando la necesidad de incrementar la transparencia en la cadena agroalimentaria posteriormente en los meses siguientes tanto la titular del Ministerio de Agricultura, como el Secretario General de dicho Ministerio exculpaban a la gran distribución de ser los generadores de este problema y atribuían la responsabilidad a una difusa red de intermediarios comerciales.
Mientras tanto todas las Organizaciones Profesionales Agrarias valencianas y españolas, cada uno a su manera, hemos estado denunciando este desfase, de la mano de los consumidores, y exigiendo transparencia y “justicia”.
En plena campaña de denuncia nos resultó muy aleccionador un artículo del Dr. Ingeniero Agrónomo D. José Miguel Ferrer, profesor del Departamento de Comercialización Agraria de la Universidad Politécnica de Valencia en que comentaba un trabajo realizado por los profesores Rebollo, Romero y Yagüe de la Universidad Autónoma de Madrid publicado en la revista Distribución y Consumo de enero-febrero de 2006 basado en la toma de precios semanales en origen, mayorista, y destino durante los años 2001 a 2004 para los 28 productos que reseña el Ministerio de Agricultura en su página web. Dicho trabajo establecía que en el período de tiempo reseñado, los precios en origen habían bajado un 12’2 % y los márgenes mayoristas habían crecido un 29 % y el de los minoristas un 22 %. También constataban los autores del trabajo que los márgenes comerciales se incrementan cuando disminuyen los precios en origen y viceversa, es decir que cuando aumentan los márgenes disminuyen los precios en origen (comportamiento asimétrico y contra cíclico). El profesor Ferrer en su comentario también llegaba a la conclusión de que no son los precios en origen los culpables del alza de los precios de la alimentación, sino los márgenes comerciales aplicados por mayoristas y minoristas, y que adicionalmente los consumidores españoles se están viendo penalizados por subidas de precios crecientes y sostenidas en productos básicos para su alimentación.
Desde las Organizaciones Profesionales Agrarias somos conscientes que realizando esta denuncia se corre el riesgo de alarmar a los consumidores y que se produzca un retraimiento de la demanda de los productos afectados. Sólo la impotencia de no poder hacer nada y la desesperación que ello comporta nos ha llevado a realizar campañas de denuncia, y, comprobado que el Sector per se no se va a autorregular, ni la cadena comercial agroalimentaria va a variar su tendencia actual, es por lo que solo nos queda a las Organizaciones Profesionales Agrarias hacer patente a los poderes públicos esta siniestra situación y demandarles y exigirles que desde su competencia y responsabilidad actúen sobre esta problemática, con firmeza y decisión..
A estas alturas pensar que lo que esta ocurriendo es una consecuencia de la Ley de oferta y demanda, es decir, del comportamiento del mercado, no es que sea una falacia, es cinismo puro y duro.
El sistema económico español esta basado en una economía social de mercado, y efectivamente nos regimos por principios liberales de la economía de mercado, pero ello no significa que cuando se aprecian desviaciones y abusos, no haya que actuar. Todo sistema económico se dota de mecanismos correctores, de reglas de juego que restablecen el equilibrio cuando este se desplaza a favor de las partes más poderosas, y en la crisis que nos ocupa no hay duda al respecto.
En estos momentos poco nos queda por hacer a las Organizaciones Profesionales Agrarias, si exceptuamos cualquier tipo de acción violenta, hipótesis que por supuesto descartamos, por lo tanto solo queda espacio para que actúen rigurosamente las Administraciones restaurando la justicia que los intermediarios han eliminado del sistema de mercado.
No se trata pues de repartir culpas entre las Administraciones, se trata de que cada Administración y todas coordinadas establezcan las medidas necesarias para solucionar esta grave y compleja crisis de precios agrarios.
A nuestro juicio se debe incidir en varios aspectos que a continuación comentamos.
- Europa ha sido extremadamente generosa facilitando el acceso a sus mercados en condiciones muy favorables a producciones agrarias de todo el mundo, tanto en tratados preferenciales como en la aplicación de las normas de la OMC. No puede ni debe seguir esta tendencia si realmente Europa desea tener funcionando un sector agrario y mantener un mundo rural vivo.
- La discriminación de las OCM mediterráneas no es sostenible. La idea de que los productos mediterráneos se defienden bien en un libre mercado mundial, ha dejado de ser cierta. La competencia desleal provocada por condiciones de producción radicalmente distintas a las europeas, y la concentración desaforada de la demanda, han llevado a las producciones agrarias y ganaderas españolas y valencianas al límite de su viabilidad.
- Es necesaria legislación nacional, como en el caso de Francia, que permita actuaciones rápidas y eficaces cuando se desata una crisis de precios, mucho más cuando afecta a productos perecederos.
- Es necesario a nivel nacional el establecimiento de un marco legislativo contractual de las operaciones de compra-venta de productos agrarios y ganaderos, restaurando el precio en el campo.
- Es necesario a nivel español y europeo el establecimiento de un método sistematizado de control de calidad de los productos agrarios y ganaderos en los puntos de venta.
- Es necesario adoptar medidas que fomenten clara y decisivamente la concentración de la oferta a nivel de los productores, tanto en OP como en otras entidades que pudieran dotarse de mayor flexibilidad.
- Debería implantarse un seguro agrario integral de costes de producción a nivel nacional e incluso a nivel europeo.
- Debería establecerse un sistema de concertación social agroalimentaria a nivel autonómico y nacional con participación de productores, operadores comerciales, distribución, consumidores y Administración que defendiera a los productores en la negociación comercial a la vez que generara sostenibilidad de precios y garantía de calidad del producto favoreciendo también por tanto a operadores comerciales, distribuidores y consumidores.
- Establecimiento a nivel nacional y autonómico de compensaciones económicas razonables y claras por las limitaciones medioambientales y por la participación de los productores agrarios y ganaderos en el mantenimiento del paisaje, territorio, medio ambiente, cultura, tradiciones y costumbres más definitorias de la identidad valenciana.
- Establecimiento a nivel autonómico de medidas puntuales y temporales de aplicación rápida ante la posibilidad de crisis de precios de cualquier producto a través de un observatorio de precios con capacidad ejecutiva.
- Realización de campañas de promoción eficaces basadas esencialmente en la calidad de nuestros productos y generando diferenciación respecto a productos de otros orígenes.
En fin, repito no se trata de repartir culpas pues todos somos en parte responsables de esta crisis, se trata de que cada uno en la medida de nuestras posibilidades, y por supuesto las Administraciones muy especialmente, hagamos bien los deberes y en un corto espacio de tiempo, no más allá de un año, podamos recordar esta crisis como un hecho superado, lo cual permitirá conseguir de nuevo una rentabilidad económica, una vida digna para los profesionales del campo y entonces y solo entonces se podrá realizar el tan ansiado relevo generacional que nos permitirá mirar hacia el futuro con una cierta tranquilidad que ahora, en estos momentos, no tenemos.
Muchas gracias.
Presidente de AVA, Cristóbal Aguado, dentro de la Comisión de Agricultura, en la que ha analizado la crisis de los productores agrarios
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